¿Cuál es el Origen del Sistema Electoral de España?

¿Cuál es el Origen del Sistema Electoral de España?

El sistema electoral en España tiene una larga historia. Comenzó a principios del siglo XIX, en circunstancias extraordinarias derivadas de la invasión del país por el ejército napoleónico. El vacío de poder creado abrió el camino a la convocatoria de una asamblea nacional (las Cortes) por parte de una Junta Central (los líderes de la resistencia) en la ciudad-puerto andaluza de Cádiz. Los diputados, procedentes de todas las regiones de la España metropolitana y del extranjero, fueron elegidos por votación popular (según las “Instrucciones para la elección de diputados” de 1810, que se adjuntaron a la convocatoria y fueron el embrión de la ley electoral). Esta asamblea, en su primera reunión, se declaró órgano soberano y constituyente y se convirtió en el primer parlamento moderno de la historia de España. Terminó con la promulgación de la Constitución de 1812. El texto de la Constitución se inspiró claramente en el pensamiento liberal (el término “liberal”, aplicado a la política, tiene su origen internacional en el nombre que se daba al grupo de diputados progresistas de las Cortes de Cádiz) y para los españoles ha sido siempre el símbolo de la libertad política. La redacción de esta primera Constitución en lengua española, que incorporó muchas ideas de la revolución francesa y modelos de la Constitución de los Estados Unidos, encontró también inspiración en las viejas tradiciones democráticas de los municipios españoles. En el texto constitucional de 1812, éstos recuperaron su antigua condición de instituciones electivas (los municipios en la historia y política de España siempre han jugado un papel clave en la defensa de la libertad).

Las Cortes de Cádiz han sido consideradas como el punto de partida de las ideas democráticas y del derecho al voto, no sólo en España sino en todo el mundo hispano. Y es que, junto a los diputados de la España Metropolitana, participaron en la redacción del texto los de las entonces provincias españolas de América (uno de los tres grupos de representantes que se reunieron en Cádiz se autodenominó partido de los “americanos”). Algunos de estos últimos serían posteriormente líderes de movimientos independentistas en América Latina. La Constitución de Cádiz inspiraría así no sólo las posteriores constituciones españolas, sino que serviría de base para las primeras constituciones de los nuevos estados independientes de América Latina. (Diremos de paso que en casi todos los países latinoamericanos el proceso de independencia se inició en las luchas por la democratización del poder en los ayuntamientos). Es interesante que, por esta razón, muchas de las primeras leyes electorales del siglo XIX en los países de habla hispana de ambos lados del Atlántico tuvieron como punto de referencia común el mismo texto constitucional.

A partir de esta imprescindible introducción, las leyes electorales que iban a regir el derecho al voto se iniciaron formalmente en España a partir de 1837, estableciéndose el sufragio universal en 1869, y se consolidaron con la ley de 1907. Sin embargo, la tormentosa historia de España a lo largo del siglo XIX y parte del XX supuso sonados retrocesos y avances en el proceso hacia el ejercicio de las libertades democráticas y, por tanto, hacia el funcionamiento del sistema electoral.

La Segunda República, proclamada en 1931 tras los resultados de las elecciones municipales que obligaron al rey a abdicar, introdujo también el sufragio femenino. Las mujeres españolas, que votaron a partir de las Elecciones Generales de 1931, lo hicieron mucho antes que en otros países de Europa Occidental (antes que en Francia, por ejemplo). El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, de cuyos resultados nadie dudaba, desató en pocos meses una reacción antidemocrática y el estallido de la guerra civil de 1936-39. Ésta terminó con la victoria del general Franco, posibilitada por los conflictos internos de las fuerzas republicanas y por el fuerte apoyo militar externo de los regímenes fascistas.

Es un hecho conocido que la instauración de una dictadura impuso durante casi 40 años una interrupción del ejercicio de los derechos democráticos. Sin embargo, estas casi cuatro décadas no fueron suficientes, como la transición política española vino a demostrar más tarde, para borrar de la memoria histórica ni el pasado ni la experiencia acumulada de un siglo de legislación electoral: entre 1810 y 1936 se habían promulgado doce leyes electorales y muchas otras normas que regulaban la celebración de 55 elecciones parlamentarias en España durante este largo período.

Lo cierto es que, incluso antes de la muerte de Franco y dentro de España, en los círculos intelectuales y entre los miembros de los partidos de la oposición democrática que empezaban a salir de la clandestinidad política, ya se discutía y estudiaba el tema del sistema electoral más adecuado para el país. Inmediatamente después de la muerte de Franco, en noviembre de 1975, esta cuestión saltó a los medios de comunicación y se inició un amplio debate sobre las ventajas e inconvenientes tanto del sistema electoral que funcionó durante la Segunda República como de los diferentes sistemas utilizados en otros países.